07 agosto 2007

Facua denuncia a Movistar, Vodafone y Orange por supuestas irregularidades en el cobro de las nuevas Eurotarifas de roaming

Pese a lo establecido en el nuevo Reglamento europeo y en la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, Movistar, Vodafone y Orange habrían supuestamente distorsionado su estructura tarifaria para cobrar siempre completo el primer minuto en las llamadas realizadas en roaming internacional.

Al menos, así lo denunció la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Instituto Nacional del Consumo, y luego lo hizo público en un comunicado.

FACUA advierte que las tres principales compañías habrían intentado minimizar la bajada de precios exigida por Bruselas en las llamadas en roaming dentro de la UE con una fórmula que no sólo resultaría lesiva para los usuarios, sino que vulneraría lo establecido tanto en el Reglamento CE 717/2007, de 27 de junio, como en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

Asimismo, la Federación considera que existen claros indicios de la existencia de un pacto entre las tres operadoras para utilizar una fórmula similar en la fijación de las nuevas tarifas garantizando los máximos ingresos y sin alterar el reparto del mercado.

El Reglamento establece en su artículo 4 que el precio de hablar en roaming "no excederá de 0,49 euros por minuto por las llamadas efectuadas o de 0,24 euros por minuto por las llamadas recibidas".

La fórmula que habrían utilizado estas compañías españolas provocaría que, aunque una comunicación dure sólo un par de segundos, los usuarios paguen como si hubieran hablado un minuto entero.

Y es que el precio del primer minuto de cada comunicación ha sido eliminado o reducido a casi 0 céntimos, trasladando a la tarifa por establecimiento de llamada la práctica totalidad del importe máximo por minuto que permite cobrar el Reglamento.

Pero FACUA argumenta en sus denuncias que con estas prácticas, las operadoras pueden incurrir en fraude de ley, ya que la citada normativa de Protección de los Consumidores prohíbe "las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido" o el cobro por "servicios no efectivamente usados".

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