28 junio 2007

Asociaciones de usuarios piden que la LISI incluya la banda ancha como servicio universal antes de fin de año


Esta propuesta orienta a que sea la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que se encargue de velar por el cumplimiento de esta prestación.

Varias asociaciones de usuarios de Internet estuvieron demandando ayer a los grupos parlamentarios para que se atrevan a introducir en el trámite parlamentario de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) una enmienda para que la banda ancha pase a ser considerado un servicio universal, y de esta forma la prestación de estos servicios pase de ser "un negocio" como lo es actualmente, a convertirse en "un derecho ciudadano".

Esta propuesta, consideraría a las entidades públicas como actores fundamentales a la hora de que se ofrezcan servicios de acceso a la Red, ya que sus propuestas de reforma afectarían a la Disposición adicional segunda del texto, que quedaría modificada para exigir al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, "que impulse la extensión de la banda ancha con para conseguir, antes del 31 de diciembre de 2007, una cobertura de servicio universal".

También incluyen una reclamación para que la banda ancha se extienda a todos los ciudadanos, "independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables". Para esto solicitan que sea el Gobierno el que "analice de manera continua las diferentes opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en España".

En particular, reclaman a la Administración para que colabore activamente con los diferentes sectores, y elabore un informe anual sobre la situación del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en España.

"Este informe será de carácter público y podrá elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios. A efectos de realizar los análisis e informes mencionados en los párrafos anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá realizar los requerimientos de información generales o particularizados que sean necesarios", demandan.

Firman estas reclamaciones diversos colectivos y asociaciones como Hispalinux, FFII, Ritsi, Comfia-CCOO, Copyme, Ati, Internautas, AI2, Linux.es, Apemit, Inciativa Focus, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, GCubo, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, IEPALA y GALPon, entre otros.

Por otra parte, estas asociaciones insisten en que la ley recoja expresamente que "los únicos órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de información o comunicación electrónica serán los Juzgados y tribunales", después de que se plantease en el anteproyecto la posibilidad de dar esta atribución a las entidades gestoras de derechos.

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